Denuncian que el gobierno quiere controlar comunicaciones amparándose en los derechos de la infancia

17/06/2009

El sistema informático Sitel, permite interceptar comunicaciones telefónicas, siempre bajo mandato judicial, y posibilita que las operadoras puedan transferir a centros de interceptación controlados por la fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este sistema esta regulado por una ley que permite conservar durante dos años la localización de quien llama a traves de un móvil y de quien recibe la comunicación, así como el contenido de los mensajes que se ponen a través de email de Internet. Esa ley se está desarrollando ahora, pero “de tapadillo y de una forma que ladea la publicidad, pese a tratar de asuntos de gran trascendencia y derechos fundamentales”, según la Asociación de Internautas.

Las internautas denuncian “el secretismo” con que se puso en marcha en 2004 el sistema Sitel, coincidiendo con los atantados del 11-M. Asegura que Sitel entró en funcionamiento con una cobertura legal insuficiente, mediante un reglamento, a pesar de que lo que estaba en juego era el secreto de las comunicaciones (un derecho fundamental), y que ello debía regularse mediante una ley de rango superior, una ley orgánica.

Lo que el Gobierno pretende ahora es, según la Asociación de Internautas, “mantener el secretismo inicial de Sitel” y desarrollarlo con meras ordenes ministeriales, ni siquiera mediante un reglamento, lo que habría obligado a un dictamen previo y obligatorio del Consejo de Estado y al obligado trámite de información pública.

“Queremos resaltar ante la opinión publica que se está imponiendo una filosofía de la vigilancia que tiene por objetivo el controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor”, señala la Asociación, que preside Víctor Domingo.

La Asociación añade: “Un asunto de este tipo exige una regulación acorde con el rango legal de la norma y las exigencias de publicidad que impone. Por tanto, debe someterse al control del Consejo de Estado y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, no bastando en ningún caso una Orden Ministerial, que es lo que se está haciendo”.

Fuente: elpais.com

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