El Gobierno español ha promovido una nueva ley con el objeto de que los datos de carácter personal captados por mecanismos hardware —como las etiquetas RFID—, software —como las cookies que almacenan los navegadores de Internet— o por cualquier otra tecnología, estén “mejor protegidos”. La nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que actualmente tramita la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados adaptará la legislación española en materia de privacidad a la directiva de la Comisión Europea que todos los Estados miembro tenían que haber adoptado a finales del pasado mes de mayo.

La LGT no prohibe este tipo de tecnologías pero sí busca imponer una condición: que los internautas den su consentimiento tras haber sido informados de manera “clara y completa” sobre su utilización y los fines del tratamiento de los datos, algo que no parece muy diferente de lo que actualmente impone la LOPD.

Donde sí supone novedad la LGT es en la protección de datos por parte de los operadores ya que les obligará a informar “sin dilaciones indebidas” a la Agencia de Protección de Datos cuando se produzcan fallos de seguridad que puedan vulnerar la privacidad de los usuarios. Si el operador detecta que la violación de los datos “pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o un particular” deberá notificarlo a la persona afectada con igual rapidez.

Además, los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos personales y de todos aquellos aspectos relacionados con esas infracciones, como por ejemplo las medidas adoptadas para proteger al usuario cuya privacidad se haya visto vulnerada.

Fuente: El País

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“Facebook no instala una sede administrativa en España para así hacer con los datos de los españoles lo que les salga de la peineta” afirmó la abogada Paloma Llaneza en las jornadas La Ley e Internet, celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid.

La gestión de los datos de carácter personal y el cumplimiento con el reglamento europeo de protección de datos supone un coste humano y tecnológico que se debe hacer en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Pero la red social online Facebook trabaja desde su sede principal en EEUU, y las leyes de otros países no le afectan. Tomar medidas judiciales contra una empresa que está tan lejos supondría elevados costes para la administración y más para un/a particular.

Facebook estrenó sede comercial en España hace unas pocas semanas pero, según no tienen intención de trasladar ningún tipo de equipo humano o administración que los obligue a cumplir con las leyes españolas y europeas.

La red social española Tuenti pide honestidad a Facebook, porque aunque estén en Mountain View, están haciendo negocio con usuarios españoles.

Así, mientras Tuenti invierte esfuerzos en una de sus asignaturas más complicadas (los menores de 14 años), Facebook nada dice sobre este asunto. Así, los niños españoles acceden a Facebook sin problema.

Otro de los puntos de fricción entre Facebook y la normativa europea, está en la configuración por omisión de las cuentas. La normativa obliga a establecer una privacidad máxima desde el principio, para que sea el usuario o usuaria quien decida después si quiere que su perfil sea público y fácilmente accesible. Sin embargo, Facebook establece todos los perfiles como públicos, y son los usuarios los que deben a posteriori configurar su privacidad.

Para Llaneza la solución es simple: “que se corte el acceso a todos los webs que se gestionen desde fuera de nuestras fronteras hasta que cumplan con el reglamento y las normas jurídicas vigentes en la Unión Europea”.

Fuente: El Confidencial

Internet es la ventana al mundo por donde se cuela una ingente cantidad de datos personales de los usuarios registrados. Este hecho obliga a las autoridades de protección de datos a redefinir sus competencias para preservar los derechos de los usuarios y especialmente los de la infancia.

Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), destaca la preocupación que suscitan las redes sociales en Internet . “Las cláusulas que se aceptan al darse de alta son ambiguas, cuando la legislación exige lo contrario”, remarca.

Rallo cree que tiene que haber “una respuesta global”, que “puede surgir en la Conferencia Internacional de Madrid del próximo noviembre”, augura. A su vez, la Comisión Europea trata de coordinar una respuesta jurídica a través del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46.

Esther Mitjans, directora de la Apdcat (Agència Catalana de Protecció de dates), equipara los datos personales con “las llaves de casa”. Muchas redes se acogen a la legislación de Estados de EEUU y, advierte, “con un click conocen tus gustos y actividades”. Le parece que “estamos al albur de las estrategias comerciales de las redes”.

Aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos, requiere que el operador pueda verificar la edad del menor, las redes sociales no disponen de medios tecnológicos y se defienden asegurando que no pueden “asumir la responsabilidad de controlar todos los contenidos”.

La Ley de servicios de la sociedad de la información, de 2002, no habla de la red, pero sí de almacenadores, de hosting. Prieto y Heckh explican que éstos “no son responsables salvo que tengan conocimiento de la infracción”.

Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google, explica que si se quiere que algo desaparezca en el buscador, se debe acudir al webmaster; Google elimina el caché o rastro antiguo. Todo esto se aplica también a la empresa.

Cuando se trata de información que no se puede eliminar, de un Boletín Oficial que da cuenta de una infracción de tráfico o similar, el robot TXT impide que se vea pero no lo borra. Respecto a la indexación de perfiles de redes sociales en Google, Navarro recuerda que “la red tiene que poner a disposición del usuario herramientas para que decida si quiere hacer público su perfil”. Si no lo hace, no será indexado por los motores.

Google insiste en que es un mero receptáculo de información. La AEPD exige a los buscadores que permitan ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). En una Resolución, la Agencia se considera autoridad competente para declarar que Google tiene conocimiento de la ilicitud de un contenido y que la ofensa a la “dignidad de las personas” como causa de dicha ilicitud. Respecto a la Propiedad Intelectual (PI), la Audiencia de Barcelona desestimó una demanda de una web contra Google ya que no violaba la PI al reproducir la web parcialmente, en caché.

Fuente: expansion.com

A fin de garantizar los ciberderechos de los menores en su red, Tuenti ha acordado con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) implantar sistemas efectivos para limitar el acceso a su red de menores de 14 años, así como a depurar los perfiles actuales de quienes tengan esa edad, en un plazo de tres meses.

“Hemos llegado a un acuerdo para vigilar de forma más efectiva las cuentas de menores. Ahora, tenemos un período de tres meses para presentar una herramienta para verificar las cuentas de los menores de 14 años, aunque es prácticamente imposible este control”, apunta Ícaro Moyano, responsable de Tuenti.

“Es evidente que la realidad de las redes sociales desborda la regulación. Los menores de 14 años cuentan con medios tecnológicos suficientes para obtener, captar y reproducir información que afecta a su honor, intimidad e imagen y la de terceros, y de hecho lo hacen. Las fotografías de menores proliferan en Internet en espacios propios”, apunta la Agencia Española de Protección de Datos en su último informe sobre privacidad en las redes sociales.

En relación con la cancelación de datos de los perfiles tras la polémica por el caso Marta y la cancelación de su perfil y el del menor imputado, Tuenti también se ha comprometido a proceder a la cancelación de todos los contenidos del perfil, incluidas fotografías, en el momento en el que se solicite la baja.

En cuanto a la accesibilidad a los perfiles, la agencia ha confirmado que Tuenti no permite la ‘indexación’ por parte de buscadores, aunque ha instado a la red a “reconsiderar” la opción de establecer una configuración por defecto del máximo grado de privacidad a los usuarios, como ya ha pedido a otras compañías.

La AEPD ha reiterado la necesidad de “mejorar” la política informativa de Tuenti con sus usuarios, para que la información sea “clara, y comprensible”. Ícaro Moyano, director de Comunicación de la red social, ha explicado que hay que “reforzar el mensaje para concienciar a los padres y educadores sobre los riesgos” dada la dificultad para verificar los perfiles de los menores de 14 años

Fuente: telecinco.es

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