En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos tendrán lugar durante los días 10 y 11 del próximo mes de mayo unas jornadas que bajo el título “Impacto del uso de las TIC en los sistemas de protección jurídica de los derechos del menor” analizarán diversas cuestiones relacionadas con Derecho, menores y TIC.

Organizadas por la propia universidad Rey Juan Carlos, cuentan con el apoyo y patrocinio de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de la Asociación de Internautas, INTECO, PantallasAmigas y Tuenti.

Programa de las jornadas

Jueves 10 de mayo

  • 10:00 h: Apertura de las jornadas.
    Srª.D.ª Pilar Laguna Sánchez
    Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. URJC.
  • 10:30 h: Ponencias.
    Presentan: D.ª Eva Jordá Capitán y D.ª Verónica de Priego Fernández.
    Profesoras Titulares de Derecho Civil. URJC.
    Directoras de las jornadas.

    • “Menores y nuevas tecnologías”
      D. Arturo Canalda. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
    • “Tuenti: un entorno seguro”
      D. Óscar Casado. Director Jurídico y de Privacidad. Tuenti Technologies.
  • 11:30 h: Coffee break
  • 12:00 h: Ponencias:
    • “Buenas prácticas para el fomento del uso saludable de Internet y las redes sociales”
      D. Jorge Flores. Fundador y director de PantallasAmigas.
    • “La renuncia al ejercicio de los derechos de la personalidad por los menores en Internet”
      D.ª María del Mar Heras Fernández. Profesora Titular de Derecho Civil. URJC.
  • Coloquio
  • 14:00 h: Lunch
  • 16:00 h: Ponencias.
    • “La protección de datos de los menores. Un reto para el siglo XXI”
      D. Santiago Abascal Conde. Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
    • “Rasgos configuradores de la generación interactiva: retos sociales y educativos”
      D.ª Charo Sábada Chalezquer. Profesora Titular y Vicedecana de Posgrado y Relaciones Externas. Facultad de la Comunicación. Universidad de Navarra.
    • “La contratación por los menores en Internet: restricciones y responsabilidad”
      D.ª Carmen Pérez Conesa. Profesora Titular de Derecho Civil. URJC
  • Coloquio

Viernes 11 de mayo

  • 10:00 h: Ponencias.
    Presentan: D.ª Eva Jordá Capitán y D.ª Verónica de Priego Fernández.
    Profesoras Titulares de Derecho Civil. URJC.
    Directoras de las jornadas.

    • “La capacidad de obrar del menor y el uso de las TIC”
      D. Javier Hualde Sánchez. Catedrático de Derecho Civil. Universidad del País Vasco
    • “¿Qué pueden hacer los padres y tutores ante el uso de Internet por los menores?”
      D. Víctor Domingo. Presidente de la Asociación de Internautas
  • 11:30 h: Coffee break
  • 12:00 h: Ponencias.
    • “Medidas técnicas para la protección de los menores en la Red”
      D. Manuel Escalante García. Director general del INTECO
  • Coloquio
  • 13:00 h: Clausura de las jornadas y entega de diplomas
    Sr. D. José Manuel Vera Santos. Vicerrector de Extensión Universitaria y Centros Adscritos. URJC

Programa y presentación de las jornadas en PDF: “Impacto del uso de las TIC en los sistemas de protección jurídica de los derechos del menor”
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Gary Locke, ministro de comercio estadounidenseDespués de la FTC estadounidense propusiese la creación de una herramienta para que los consumidores pudiesen impedir su seguimiento online (de gustos, visitas, búsquedas, etc.), se ha comenzado a hablar en aquel país de la conveniencia de una Carta de Derechos a la privacidad (online), Privacy Bill of Rights en inglés. Esta Carta regularía la recopilación comercial de datos de los usuarios online, qué se puede registrar y qué no, y qué uso sería aceptable darle a los datos recogidos. La FTC sería la encargada de vigilar que estos códigos de conducta con respecto a la privacidad fuesen respetados, cumpliendo una misión análoga a la que ya realiza en España la Agencia de Protección de Datos. Según el Secretario de Comercio estadounidense, Gary Locke, la autorregulación del sector no es suficiente. Según su departamento, el uso de datos personales ha aumentado tanto que se necesita una legislación específica sobre privacidad que mediante medidas de obligado cumplimiento, permita que se recupere la confianza online de los consumidores, al tiempo que se establece un marco para que las empresas puedan seguir realizando negocio. Las transacciones online a nivel mundial supusieron en 2010 un billón de dólares.

Cómo espían las empresas comerciales a los internautas

Cuando un(a) internauta visita un web muy conocido, es muy probable que esa visita dispare toda una serie de mecanismos (cookies, beacons, etc.) que registran diversos datos acerca de esa persoa y de lo que hace en la Red, para remitirlo posteriormente sin que el/la usuario/a se dé cuenta ni dé su permiso, a determinadas empresas, generalmente del sector publicitario.

Algunos de los webs que realizan un mayor seguimiento pertenecen a Microsoft (Msn.com, Msnbc.com, Live.com), según ha revelado SiteJabber, un web para la prevención del fraude online financiado por el gobierno de los EE.UU. En el extremo opuesto se sitúa Wikipedia.org, que no contiene ningún mecanismo de seguimiento del visitante.

Fuente: SiteJabber
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En el contexto de la reforma del marco regulador de las telecomunicaciones, el Parlamento Europeo ha insistido hoy en que el acceso a Internet no puede restringirse sin una orden judicial previa. Los eurodiputados han reintroducido, con 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, esta enmienda procedente de la primera lectura del Parlamento, que modifica el acuerdo alcanzado con el Consejo y envía todo el “paquete telecom” a la tercera lectura o conciliación. El PE y el Consejo tendrán ahora un plazo de ocho meses para lograr un acuerdo.

El “paquete telecom” incluye la revisión del marco regulador de las telecomunicaciones, la directiva sobre los derechos de los usuarios (informe del británico Malcolm HARBOUR – PPE-DE) y el establecimiento de un Organismo de Reguladores Europeos (informe de la española Pilar DEL CASTILLO – PPE-DE).

Las dos instituciones están de acuerdo en las normas sobre los derechos de los usuarios y el organismo de reguladores, sin embargo, el pleno ha enmendado la directiva marco, sin la cual no pueden aplicarse las otras dos legislaciones, por lo que todo el paquete se resolverá en conciliación.

Cuestión abierta: no a las restricciones en el acceso sin una orden judicial previa

El Parlamento ha decidido, por mayoría absoluta, volver a introducir una de sus enmiendas de la primera lectura (Trautmann enmiendas 2=5=6=9), que deja claro que “no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”.

El Consejo rechazó esta enmienda en primera lectura.

Refuerzo de los derechos de los consumidores (informe Harbour)

El objetivo de la directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios es mejorar la protección de los consumidores. También moderniza la legislación vigente tomando en consideración los avances tecnológicos y la expansión del mercado.

Esta legislación obliga a los proveedores a ofrecer información clara sobre las tarifas, las condiciones contractuales y la velocidad de la conexión. Además, si el operador altera estas condiciones, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato sin penalizaciones (artículo 20.2).

Por otro lado, los proveedores tendrán que informar a los consumidores si su consumo mensual sobrepasa el límite preestablecido por el usuario.

Cambio de proveedor

Según las normas acordadas entre el Parlamento y el Consejo, los consumidores tienen derecho a mantener su número cuando cambian de operador. El número tendrá que ser transferido de compañía en un plazo de un día laborable.

Otra de las ventajas para los consumidores es la duración de los contratos, que no podrá exceder los dos años. Asimismo, los proveedores estarán obligados a ofrecer a los usuarios la posibilidad de suscribir un contrato de una duración máxima de un año.

Acceso igualitario para las personas discapacitadas

Los ciudadanos discapacitados tendrán un acceso a los servicios de telecomunicaciones equivalente al que disfrutan los demás usuarios. Asimismo, los reguladores nacionales podrán pedir a los operadores que proporcionen servicios especiales a los usuarios discapacitados (artículo 23).

Restricciones al acceso

Las restricciones impuestas por el proveedor que limiten el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, dependerán de la legislación nacional. Esta directiva no las prohíbe ni las impone y, por tanto, no varía la situación actual. Sin embargo, sí que introduce la obligación de informar a los usuarios sobre estas restricciones y de respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la intimidad (considerandos 22bis y 40bis, artículo 2bis).

La directiva también introduce unos “requisitos mínimos de calidad” de los servicios para prevenir el deterioro del servicio (ralentización o corte de la conexión) (considerando 26).

Por otro lado, el texto subraya que los usuarios finales deben tener la capacidad de decidir los contenidos que deseen enviar y recibir, así como de optar por los servicios, las aplicaciones y los soportes que deseen utilizar (considerando 22).

Privacidad

La legislación acordada mejora la seguridad y la integridad de la red, reforzando la protección de los datos personales de los usuarios, así como la prevención y el control del “spam” y los “ciberataques”.

El texto prevé que cualquier violación de la seguridad de los datos personales, por ejemplo el robo de la lista de clientes de una empresa, tendrán que ser notificada inmediatamente por el proveedor a la autoridad nacional competente. En caso de una violación grave de la intimidad, el proveedor también tendrá que informar a la persona afectada. No obstante, los proveedores que puedan demostrar a las autoridades competentes que han tomando todas las medidas técnicas de protección no estarán obligados a informar a los usuarios.

Los operadores tendrán que elaborar un inventario de las violaciones de datos personales que permita el análisis posterior por parte de la autoridad nacional competente.

A solicitud de los eurodiputados, los proveedores tendrán que desarrollar sistemas para prevenir vulneraciones predecibles. Además, solamente el personal autorizado podrá acceder a los datos personales y estos no podrán ser almacenados sin el consentimiento previo del usuario (artículos 4 y 5).

Spam

La directiva también refuerza la protección contra el spam. El procesado de datos personales por el proveedor requerirá el consentimiento del usuario, así como la instalación de “cookies” en los ordenadores de los consumidores.

La comunicación comercial (incluyendo las promociones, los premios y regalos) por teléfono o Internet tendrá que estar firmada y ser identificable (con una dirección a la que los usuarios puedan dirigirse cuando no quieran recibir más comunicaciones). La directiva establece que es ilegal enviar correos electrónicos con material engañoso o enlaces a sitios fraudulentos.

Finalmente, también se mejora la protección contra los virus y los programas espía (spyware). Estos programas están prohibidos, sea cual sea el método de descarga (CD-ROM, dispositivos USB, Internet, teléfono o móvil) (considerando 52).

Cooperación entre Comisión y reguladores nacionales (informe Trautmann)

Los eurodiputados y el Consejo han acordado que, antes de tomar decisiones reguladoras, las autoridades nacionales consultarán a la Comisión y al nuevo Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC en sus siglas en inglés), que en estos casos adoptará sus dictámenes por mayoría absoluta.

La autoridad nacional de regulación tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones del BEREC y de la Comisión. En esos casos, el BEREC, la Comisión y el regulador nacional colaborarán estrechamente para definir la medida “más apropiada y efectiva” antes de que la autoridad nacional actúe (artículo 7bis).

Fuente: Parlamento Europeo

Internet es la ventana al mundo por donde se cuela una ingente cantidad de datos personales de los usuarios registrados. Este hecho obliga a las autoridades de protección de datos a redefinir sus competencias para preservar los derechos de los usuarios y especialmente los de la infancia.

Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), destaca la preocupación que suscitan las redes sociales en Internet . “Las cláusulas que se aceptan al darse de alta son ambiguas, cuando la legislación exige lo contrario”, remarca.

Rallo cree que tiene que haber “una respuesta global”, que “puede surgir en la Conferencia Internacional de Madrid del próximo noviembre”, augura. A su vez, la Comisión Europea trata de coordinar una respuesta jurídica a través del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46.

Esther Mitjans, directora de la Apdcat (Agència Catalana de Protecció de dates), equipara los datos personales con “las llaves de casa”. Muchas redes se acogen a la legislación de Estados de EEUU y, advierte, “con un click conocen tus gustos y actividades”. Le parece que “estamos al albur de las estrategias comerciales de las redes”.

Aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos, requiere que el operador pueda verificar la edad del menor, las redes sociales no disponen de medios tecnológicos y se defienden asegurando que no pueden “asumir la responsabilidad de controlar todos los contenidos”.

La Ley de servicios de la sociedad de la información, de 2002, no habla de la red, pero sí de almacenadores, de hosting. Prieto y Heckh explican que éstos “no son responsables salvo que tengan conocimiento de la infracción”.

Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google, explica que si se quiere que algo desaparezca en el buscador, se debe acudir al webmaster; Google elimina el caché o rastro antiguo. Todo esto se aplica también a la empresa.

Cuando se trata de información que no se puede eliminar, de un Boletín Oficial que da cuenta de una infracción de tráfico o similar, el robot TXT impide que se vea pero no lo borra. Respecto a la indexación de perfiles de redes sociales en Google, Navarro recuerda que “la red tiene que poner a disposición del usuario herramientas para que decida si quiere hacer público su perfil”. Si no lo hace, no será indexado por los motores.

Google insiste en que es un mero receptáculo de información. La AEPD exige a los buscadores que permitan ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). En una Resolución, la Agencia se considera autoridad competente para declarar que Google tiene conocimiento de la ilicitud de un contenido y que la ofensa a la “dignidad de las personas” como causa de dicha ilicitud. Respecto a la Propiedad Intelectual (PI), la Audiencia de Barcelona desestimó una demanda de una web contra Google ya que no violaba la PI al reproducir la web parcialmente, en caché.

Fuente: expansion.com

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