Después del fracaso de la ley HADOPI en Francia se ha presentado nuevo proyecto de ley denominado Loppsi 2, que permitiría al gobierno espiar el ordenador de los internautas y manetener una base de datos Pericles, que contendría una cantidad masiva de datos de los ciudadanos franceses.

Esta ley pretende facultar al Estado para “observar, coleccionar, grabar y transmitir” las teclas presionadas en los equipos en los que está instalado un software de seguimiento (keylogger). La ley autorizaría a espiar por un periodo de 4 meses, extensible a 8 meses si lo autoriza un juez. Los ISPs deberían colaborar con este régimen de vigilancia supuestamente destinado a evitar la propagación de pornografía infantil.

Pericles sería una base de datos que reuniría información desde otras bases de datos, y podría obtener información crucial y privada, integrando fuentes como los sistemas de televigilancia que se utilizan para evitar que los automovilistas excedan su velocidad. Esto puede suponerle un problema al gobierno francés con la Unión Europea, ya que el indexado cruzado es una práctica prohibida en Europa, aunque ya anteriormente la UE ha renunciado a sus propios principios y normas en este sentido, ante solicitud de los EE.UU.

Con estas medidas Francia se une al Reino Unido en la configuración de lo que muchos denominan el Gran Hermano, en referencia a la novela Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, de George Orwell.

Fuente: MadBoxPC

Anuncios

La propuesta de ley presentada por la congresista Linda Sánchez, y que es conocida como Megan Meier Cyberbullying Prevention Act (por la chica que se suicidó en 2006 tras al acoso cometido contra ella en MySpace por la madre de una compañera de clase) ha sido criticada por ser demasiado amplia y poner en peligro la libertad de expresión. La norma castigaría el ciberbullying con multas y hasta 2 años de prisión.

Según la abogada Parry Aftab, experta en este tipo de riesgos de las tecnologías, ya se dispone en 50 Estados norteamericanos de leyes contra el acoso que se pueden aplicar a estos casos y por tanto la nueva ley no sería necesaria.

La definición del ciberbullying en la propuesta es tan ambigua que alguno de sus detractores advierte ácidamente que las propias críticas a la ley que están publicando podrían ser castigadas con la cárcel aplicándola.

Otros activistas y expertos la critican por poco inconstitucional, práctica, por poder aplicarse a adultos o por estar motivada por un caso excepcional (el de Megan Meier) que para nada representa el ciberbullying típico.

Fuente: Fox News

En el contexto de la reforma del marco regulador de las telecomunicaciones, el Parlamento Europeo ha insistido hoy en que el acceso a Internet no puede restringirse sin una orden judicial previa. Los eurodiputados han reintroducido, con 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, esta enmienda procedente de la primera lectura del Parlamento, que modifica el acuerdo alcanzado con el Consejo y envía todo el “paquete telecom” a la tercera lectura o conciliación. El PE y el Consejo tendrán ahora un plazo de ocho meses para lograr un acuerdo.

El “paquete telecom” incluye la revisión del marco regulador de las telecomunicaciones, la directiva sobre los derechos de los usuarios (informe del británico Malcolm HARBOUR – PPE-DE) y el establecimiento de un Organismo de Reguladores Europeos (informe de la española Pilar DEL CASTILLO – PPE-DE).

Las dos instituciones están de acuerdo en las normas sobre los derechos de los usuarios y el organismo de reguladores, sin embargo, el pleno ha enmendado la directiva marco, sin la cual no pueden aplicarse las otras dos legislaciones, por lo que todo el paquete se resolverá en conciliación.

Cuestión abierta: no a las restricciones en el acceso sin una orden judicial previa

El Parlamento ha decidido, por mayoría absoluta, volver a introducir una de sus enmiendas de la primera lectura (Trautmann enmiendas 2=5=6=9), que deja claro que “no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”.

El Consejo rechazó esta enmienda en primera lectura.

Refuerzo de los derechos de los consumidores (informe Harbour)

El objetivo de la directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios es mejorar la protección de los consumidores. También moderniza la legislación vigente tomando en consideración los avances tecnológicos y la expansión del mercado.

Esta legislación obliga a los proveedores a ofrecer información clara sobre las tarifas, las condiciones contractuales y la velocidad de la conexión. Además, si el operador altera estas condiciones, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato sin penalizaciones (artículo 20.2).

Por otro lado, los proveedores tendrán que informar a los consumidores si su consumo mensual sobrepasa el límite preestablecido por el usuario.

Cambio de proveedor

Según las normas acordadas entre el Parlamento y el Consejo, los consumidores tienen derecho a mantener su número cuando cambian de operador. El número tendrá que ser transferido de compañía en un plazo de un día laborable.

Otra de las ventajas para los consumidores es la duración de los contratos, que no podrá exceder los dos años. Asimismo, los proveedores estarán obligados a ofrecer a los usuarios la posibilidad de suscribir un contrato de una duración máxima de un año.

Acceso igualitario para las personas discapacitadas

Los ciudadanos discapacitados tendrán un acceso a los servicios de telecomunicaciones equivalente al que disfrutan los demás usuarios. Asimismo, los reguladores nacionales podrán pedir a los operadores que proporcionen servicios especiales a los usuarios discapacitados (artículo 23).

Restricciones al acceso

Las restricciones impuestas por el proveedor que limiten el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, dependerán de la legislación nacional. Esta directiva no las prohíbe ni las impone y, por tanto, no varía la situación actual. Sin embargo, sí que introduce la obligación de informar a los usuarios sobre estas restricciones y de respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la intimidad (considerandos 22bis y 40bis, artículo 2bis).

La directiva también introduce unos “requisitos mínimos de calidad” de los servicios para prevenir el deterioro del servicio (ralentización o corte de la conexión) (considerando 26).

Por otro lado, el texto subraya que los usuarios finales deben tener la capacidad de decidir los contenidos que deseen enviar y recibir, así como de optar por los servicios, las aplicaciones y los soportes que deseen utilizar (considerando 22).

Privacidad

La legislación acordada mejora la seguridad y la integridad de la red, reforzando la protección de los datos personales de los usuarios, así como la prevención y el control del “spam” y los “ciberataques”.

El texto prevé que cualquier violación de la seguridad de los datos personales, por ejemplo el robo de la lista de clientes de una empresa, tendrán que ser notificada inmediatamente por el proveedor a la autoridad nacional competente. En caso de una violación grave de la intimidad, el proveedor también tendrá que informar a la persona afectada. No obstante, los proveedores que puedan demostrar a las autoridades competentes que han tomando todas las medidas técnicas de protección no estarán obligados a informar a los usuarios.

Los operadores tendrán que elaborar un inventario de las violaciones de datos personales que permita el análisis posterior por parte de la autoridad nacional competente.

A solicitud de los eurodiputados, los proveedores tendrán que desarrollar sistemas para prevenir vulneraciones predecibles. Además, solamente el personal autorizado podrá acceder a los datos personales y estos no podrán ser almacenados sin el consentimiento previo del usuario (artículos 4 y 5).

Spam

La directiva también refuerza la protección contra el spam. El procesado de datos personales por el proveedor requerirá el consentimiento del usuario, así como la instalación de “cookies” en los ordenadores de los consumidores.

La comunicación comercial (incluyendo las promociones, los premios y regalos) por teléfono o Internet tendrá que estar firmada y ser identificable (con una dirección a la que los usuarios puedan dirigirse cuando no quieran recibir más comunicaciones). La directiva establece que es ilegal enviar correos electrónicos con material engañoso o enlaces a sitios fraudulentos.

Finalmente, también se mejora la protección contra los virus y los programas espía (spyware). Estos programas están prohibidos, sea cual sea el método de descarga (CD-ROM, dispositivos USB, Internet, teléfono o móvil) (considerando 52).

Cooperación entre Comisión y reguladores nacionales (informe Trautmann)

Los eurodiputados y el Consejo han acordado que, antes de tomar decisiones reguladoras, las autoridades nacionales consultarán a la Comisión y al nuevo Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC en sus siglas en inglés), que en estos casos adoptará sus dictámenes por mayoría absoluta.

La autoridad nacional de regulación tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones del BEREC y de la Comisión. En esos casos, el BEREC, la Comisión y el regulador nacional colaborarán estrechamente para definir la medida “más apropiada y efectiva” antes de que la autoridad nacional actúe (artículo 7bis).

Fuente: Parlamento Europeo

Internet es la ventana al mundo por donde se cuela una ingente cantidad de datos personales de los usuarios registrados. Este hecho obliga a las autoridades de protección de datos a redefinir sus competencias para preservar los derechos de los usuarios y especialmente los de la infancia.

Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), destaca la preocupación que suscitan las redes sociales en Internet . “Las cláusulas que se aceptan al darse de alta son ambiguas, cuando la legislación exige lo contrario”, remarca.

Rallo cree que tiene que haber “una respuesta global”, que “puede surgir en la Conferencia Internacional de Madrid del próximo noviembre”, augura. A su vez, la Comisión Europea trata de coordinar una respuesta jurídica a través del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46.

Esther Mitjans, directora de la Apdcat (Agència Catalana de Protecció de dates), equipara los datos personales con “las llaves de casa”. Muchas redes se acogen a la legislación de Estados de EEUU y, advierte, “con un click conocen tus gustos y actividades”. Le parece que “estamos al albur de las estrategias comerciales de las redes”.

Aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos, requiere que el operador pueda verificar la edad del menor, las redes sociales no disponen de medios tecnológicos y se defienden asegurando que no pueden “asumir la responsabilidad de controlar todos los contenidos”.

La Ley de servicios de la sociedad de la información, de 2002, no habla de la red, pero sí de almacenadores, de hosting. Prieto y Heckh explican que éstos “no son responsables salvo que tengan conocimiento de la infracción”.

Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google, explica que si se quiere que algo desaparezca en el buscador, se debe acudir al webmaster; Google elimina el caché o rastro antiguo. Todo esto se aplica también a la empresa.

Cuando se trata de información que no se puede eliminar, de un Boletín Oficial que da cuenta de una infracción de tráfico o similar, el robot TXT impide que se vea pero no lo borra. Respecto a la indexación de perfiles de redes sociales en Google, Navarro recuerda que “la red tiene que poner a disposición del usuario herramientas para que decida si quiere hacer público su perfil”. Si no lo hace, no será indexado por los motores.

Google insiste en que es un mero receptáculo de información. La AEPD exige a los buscadores que permitan ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). En una Resolución, la Agencia se considera autoridad competente para declarar que Google tiene conocimiento de la ilicitud de un contenido y que la ofensa a la “dignidad de las personas” como causa de dicha ilicitud. Respecto a la Propiedad Intelectual (PI), la Audiencia de Barcelona desestimó una demanda de una web contra Google ya que no violaba la PI al reproducir la web parcialmente, en caché.

Fuente: expansion.com

Con motivo del 50 aniversario de la Declaración de los Derechos y del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Colegio de Abogados de Salamanca

Está dirigido a los centros escolares de todo el país y a cualquier niño o niña, sin tener en cuenta el colegio. La recepción de vídeos será hasta el próximo día 30 de mayo. Se enviarán a la página web http://www.yotambientengoderechos.com.

Luis Nieto, Decano del Colegio de Abogados, asegura que el objetivo es “favorecer de soporte de difusión donde los propios niños conozcan sus propios derechos”.

Entre el jurado se encontrarán personajes tan conocidos como el actual selecionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, o la ganadora del Goya al mejor corto, Isabel de Ocampo. Los patrocinadores del concurso son Caja Duero, el centro comercial El Tormes, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Honorauto y Seguros Catalana Occidente. También colaborará la Unión Deportiva Salamanca, quién ofrecerá material deportivo y entradas para asistir al partido que deseen los ganadores.

Derechos del Niño

“Hay un 85% de los casos en los que los menores son víctimas directas o testigos de la violencia”, aseguraba el Decano del Colegio de Abogados. Se trata de uno de los colectivos más vulnerables y que suelen estar junto a las víctimas de maltrato, ya sea físico o psíquico. Aunque muchos de los temas sobre menores serán tratados en las mesas redondas y debates que se llevarán a cabo durante todo el año, comentó que “en el juzgado de menores de Salamanca no existe una problemática llamativa”.

Fuente: argijokin.blogcindario.com

La reglamentación del Espacio Único Europeo de Información y de un Mercado Único Digital, ha abierto el debate acerca del correcto marco en el que deben incluirse los ciberderechos de los e-ciudadanos europeos. Los autores Robert Cailliau y Luca Cominassi, pertenecientes a la corriente newropeans proponen un decálogo de ciberderechos sobre el que construir el e-espacio europeo.

Un derecho de acceso universal, plenamente reconocido, es un prerrequisito a cualquier difusión del saber común. Newropeans pretende contribuir a la edificación de un Espacio Único Europeo de Información con prioridad sobre un espacio de libre mercado de la información.

Una Declaración Europea de Derechos Digitales que garantice los derechos fundamentales del Entorno Internet.

Principio de neutralidad de la Red. La Unión Europea (UE) debería promover las redes neutras, libres de toda restricción de contenido, ya se trate de páginas web o plataformas, equipos y nodos de comunicación. Una solución de regulación a corto plazo debería pasar por una separación de contenidos y transmisiones: los distribuidores de servicios de Internet (ISP, de sus siglas en inglés) deberían ser distintos de los administradores de direcciones (IHP) y de los transportistas de datos (ITP). .

Se debiera reforzar la protección de la privacidad en beneficio de los usuarios. [NDT: La idea es] que Gobiernos y empresas se conviertan en responsables de toda violación de la privacidad.

Los estándares debieran garantizar, a jueicios de newropeans el acceso a la información en el espacio y en el tiempo. La UE debiera exigir la utilización de estándares [homogéneos] en su Administración. Los formatos abiertos y el software libre deberían ser utilizados por las Administraciones Públicas en todo el territorio de la UE.

Newropeans reivindica una propiedad intelectual pública Cohabitación de licencias alternativas aplicables a todo material creativo (como, por ejemplo, las licencias Creative Commons), el acceso libre a las publicaciones científicas y a los resultados de investigaciones, así como la gestión de saberes y trabajos de artistas anónimos. “La propiedad intelectual es muy importante pero nos mostramos igualmente preocupados por el respeto a los derechos civiles y a la estructura de la Red”.

Denuncia newropeans la reciente propuesta de la Comisión Europea (COM(2008) 464 final). Pretendemos que la UE se posicione a la vanguardia en la búsqueda de soluciones globales que propicien [el alumbramiento] de modelos de licencias voluntarias colectivas. Newropeans estima que a pesar de los riesgos que entrañan los sistemas P2P, dicha tecnología puede enriquecer las interacciones humanas a partir de principios como la colaboración y las relaciones creativas innovadoras.

La influencia de las redes sociales debería ser cuidadosamente analizada con el objeto de que se elaboren legislaciones específicas orientadas a la protección de sus miembros más vulnerables (niños, mayores, etc.) sin perjuicio de los elementos positivos que pudieran propiciar dichas herramientas.

Fuente: rebelion.org

A %d blogueros les gusta esto: