FBIRobert S. Mueller III, director del FBI se entrevistó el pasado martes con altos ejecutivos de varias empresas de Internet para buscar su colaboración para pinchar las comunicaciones de los internautas. Entre esas empresas estaban Google y Facebook, que han reconocido las conversaciones pero han declinado pronunciarse acerca de su contenido.

Al parecer la intención del FBI es extender la ley de 1994, Communications Assistance for Law Enforcement Act, para forzar a las empresas de Internet a este tipo de colaboración, como actualmente sucede con las empresas proveedoras de acceso como Verizon o Comcast. En concreto se les exigiría que diseñasen mecanismos para facilitar la interceptación y descifrado de mensajes. Si el servidor está fuera del territorio de los EE.UU. se les obligaría a encaminar sus comunicaciones a través de un servidor ubicado en suelo estadounidense para poder ser “pinchados”, lo que parece un claro intento de imponer la soberanía estadounidense sobre la Internet mundial, aparte de suponer una desventaja competitiva para las empresas del resto del mundo que operan en Internet, una especie de arancel electrónico encubierto bajo la excusa securitaria.

Un equipo de la administración Obama está trabajando en la elaboración de esta nueva legislación que sería propuesta en el Congreso estadounidense el año próximo. Algunos ministerios de la misma administración, no obstante, han mostrado reparos ante la posibilidad de que este tipo de legislación inhibiese la innovación o que sea demasiado parecida a la que usan regímenes represivos para identificar a disidentes políticos.

Fuente: The New York Times

twitter facebook Google Google Buzz Netvibes LinkedIn Menéame Latafanera Aupatu Debulla Enchílame Digg it del.icio.us Stumble It! Barrapunto Technorati Fresqui Blinkslist furl ma.gnolia simpy newsvine reddit fark TailRank

Anuncios

La empresa Google estaba siendo investigada por las autoridades de varios países desde el pasado mes de abril por recolectar datos de redes inalámbricas Wi-Fi en varias ciudades del mundo mientras obtenía fotos panorámicas de las calles para su servicio Street View. Varias Agencias gubernamentales de Protección de Datos habían pedido explicaciones: entre los países que investigaban a la empresa están Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, Brasil, República Checa, Hong-Kong, etc.

Algunos países como Austria habían llegado a prohibir la circulación de dichos automóviles por violar la privacidad y recabar junto a las imágenes de las calles datos de navegación de redes wi-fi privadas.

Google ha admitido que ha reunido más de 600 gigabytes de datos en más de 30 países. Tras estas críticas e investigaciones Google se negó inicialmente pero ha accedido finalmente a entregar dichos datos privados a las autoridades de cada estado, comenzando con España, Alemania y Francia, y han admitido que fue error, alegando que recogieron los datos sin querer y que realizarán una auditoría externa sobre el asunto.

En abril a las quejas sobre la privacidad de nuevos servicios como Google Buzz se sumaron estas solicitudes de varios gobiernos. Diez de ellos (Canadá, Francia, Israel, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y Reino Unido) llegaron a enviar un comunicado conjunto en el que pedían a la empresa que reconsiderase sus prácticas a este respecto. Según la carta abierta el servicio Google Buzz “básicamente consiste en coger un servicio privado y direccional como el correo de Gmail y convertirlo en una red social multipersonal donde cualquiera puede ver muchos datos que el usuario quizá no quiera mostrar en público”.

Ya entonces (abril) señalaban que la práctica de fotografiar las calles para publicar dichas fotos en Internet sin avisar a los transeúntes vulneraba las leyes de la Unión Europea.

Al final, los gobiernos de estos estados dispondrán de datos privados recopilados masivamente gracias a la colaboración de Google. Estos datos consistían en paquetes de tráfico IP correspondientes a páginas web y mensajes de correo enviados por usuarios de redes wi-fi desprotegidas. Posiblemente también haya datos de descargas P2P.

Fuentes: InfoBae, El Economista y Alt1040.

twitter facebook Google Google Buzz Netvibes LinkedIn Menéame Latafanera Aupatu Chuza Enchílame Digg it del.icio.us Stumble It! Barrapunto Technorati Fresqui Blinkslist furl ma.gnolia simpy newsvine reddit fark TailRank

El sistema informático Sitel, permite interceptar comunicaciones telefónicas, siempre bajo mandato judicial, y posibilita que las operadoras puedan transferir a centros de interceptación controlados por la fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este sistema esta regulado por una ley que permite conservar durante dos años la localización de quien llama a traves de un móvil y de quien recibe la comunicación, así como el contenido de los mensajes que se ponen a través de email de Internet. Esa ley se está desarrollando ahora, pero “de tapadillo y de una forma que ladea la publicidad, pese a tratar de asuntos de gran trascendencia y derechos fundamentales”, según la Asociación de Internautas.

Las internautas denuncian “el secretismo” con que se puso en marcha en 2004 el sistema Sitel, coincidiendo con los atantados del 11-M. Asegura que Sitel entró en funcionamiento con una cobertura legal insuficiente, mediante un reglamento, a pesar de que lo que estaba en juego era el secreto de las comunicaciones (un derecho fundamental), y que ello debía regularse mediante una ley de rango superior, una ley orgánica.

Lo que el Gobierno pretende ahora es, según la Asociación de Internautas, “mantener el secretismo inicial de Sitel” y desarrollarlo con meras ordenes ministeriales, ni siquiera mediante un reglamento, lo que habría obligado a un dictamen previo y obligatorio del Consejo de Estado y al obligado trámite de información pública.

“Queremos resaltar ante la opinión publica que se está imponiendo una filosofía de la vigilancia que tiene por objetivo el controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor”, señala la Asociación, que preside Víctor Domingo.

La Asociación añade: “Un asunto de este tipo exige una regulación acorde con el rango legal de la norma y las exigencias de publicidad que impone. Por tanto, debe someterse al control del Consejo de Estado y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, no bastando en ningún caso una Orden Ministerial, que es lo que se está haciendo”.

Fuente: elpais.com

A %d blogueros les gusta esto: