La empresa Google estaba siendo investigada por las autoridades de varios países desde el pasado mes de abril por recolectar datos de redes inalámbricas Wi-Fi en varias ciudades del mundo mientras obtenía fotos panorámicas de las calles para su servicio Street View. Varias Agencias gubernamentales de Protección de Datos habían pedido explicaciones: entre los países que investigaban a la empresa están Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, Brasil, República Checa, Hong-Kong, etc.

Algunos países como Austria habían llegado a prohibir la circulación de dichos automóviles por violar la privacidad y recabar junto a las imágenes de las calles datos de navegación de redes wi-fi privadas.

Google ha admitido que ha reunido más de 600 gigabytes de datos en más de 30 países. Tras estas críticas e investigaciones Google se negó inicialmente pero ha accedido finalmente a entregar dichos datos privados a las autoridades de cada estado, comenzando con España, Alemania y Francia, y han admitido que fue error, alegando que recogieron los datos sin querer y que realizarán una auditoría externa sobre el asunto.

En abril a las quejas sobre la privacidad de nuevos servicios como Google Buzz se sumaron estas solicitudes de varios gobiernos. Diez de ellos (Canadá, Francia, Israel, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y Reino Unido) llegaron a enviar un comunicado conjunto en el que pedían a la empresa que reconsiderase sus prácticas a este respecto. Según la carta abierta el servicio Google Buzz “básicamente consiste en coger un servicio privado y direccional como el correo de Gmail y convertirlo en una red social multipersonal donde cualquiera puede ver muchos datos que el usuario quizá no quiera mostrar en público”.

Ya entonces (abril) señalaban que la práctica de fotografiar las calles para publicar dichas fotos en Internet sin avisar a los transeúntes vulneraba las leyes de la Unión Europea.

Al final, los gobiernos de estos estados dispondrán de datos privados recopilados masivamente gracias a la colaboración de Google. Estos datos consistían en paquetes de tráfico IP correspondientes a páginas web y mensajes de correo enviados por usuarios de redes wi-fi desprotegidas. Posiblemente también haya datos de descargas P2P.

Fuentes: InfoBae, El Economista y Alt1040.

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Facebook se niega a poner un botón de denuncia (o botón de pánico) en el perfil de cada usuario como le ha exigido la Agencia Británcia de Protección de Menores, ya que considera que su red social online es «uno de los lugares más seguros en Internet».

El botón que reclama la citada agencia para proteger a los menores en su uso de Facebook sería un acceso directo a diez fuentes de ayuda diferentes en función del tipo de problema del que esté siendo víctima el niño o la niña.

Así podría por ejemplo contactar directamente con la Línea del Menor o obtener información para acudir a una comisaría de policía, o contactar con la oficina del Centro para la Protección de Menores Online (CEOP) para que le aconsejen.

Entre las razones para su negativa la empresa estadounidense asegura que ya existe un link en el que el usuario puede informar de abusos y que en el futuro también será capaz de informar de estos al centro de menores online. El CEOP sin embargo ha indicado que la agencia ha recibido 252 quejas sobre Facebook durante los primeros tres meses del año y un 40% están relacionadas con el acoso a niños.

Otras redes sociales online como Bebo y MSN han incorporado el llamado «botón del pánico».

Fuente: Child Rights Information Network

Después del fracaso de la ley HADOPI en Francia se ha presentado nuevo proyecto de ley denominado Loppsi 2, que permitiría al gobierno espiar el ordenador de los internautas y manetener una base de datos Pericles, que contendría una cantidad masiva de datos de los ciudadanos franceses.

Esta ley pretende facultar al Estado para “observar, coleccionar, grabar y transmitir” las teclas presionadas en los equipos en los que está instalado un software de seguimiento (keylogger). La ley autorizaría a espiar por un periodo de 4 meses, extensible a 8 meses si lo autoriza un juez. Los ISPs deberían colaborar con este régimen de vigilancia supuestamente destinado a evitar la propagación de pornografía infantil.

Pericles sería una base de datos que reuniría información desde otras bases de datos, y podría obtener información crucial y privada, integrando fuentes como los sistemas de televigilancia que se utilizan para evitar que los automovilistas excedan su velocidad. Esto puede suponerle un problema al gobierno francés con la Unión Europea, ya que el indexado cruzado es una práctica prohibida en Europa, aunque ya anteriormente la UE ha renunciado a sus propios principios y normas en este sentido, ante solicitud de los EE.UU.

Con estas medidas Francia se une al Reino Unido en la configuración de lo que muchos denominan el Gran Hermano, en referencia a la novela Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, de George Orwell.

Fuente: MadBoxPC

El gobierno británico ha elaborado un proyecto que prevé entrará en vigor en Julio de 2009 para que las compañías de telecomunicaciones recopilen todos los accesos a las redes sociales con el objetivo de defender los derechos de los menores y combatir ciberdelitos como la pederastia o el grooming en la red.

Este plan incluye el almacenamiento de datos de usuarios, lugar y hora de conexión, pero no el contenido de las comunicaciones.

“Los datos de las comunicaciones son una herramienta esencial para que las agencias del orden público puedan rastrear a asesinos y pedófilos, salvar vidas y perseguir el crimen”, asegura la ministra del Interior del Reino Unido, Jacqui Smith.

El gobierno británico compensará a estas operadoras con 2.000 millones de libras (casi US$3.000 millones) por los gastos en los que incurran a la hora de monitorear este tipo de información, que deberá estar disponible para la policía, los servicios de inteligencia y otras agencias que combaten el terrorismo en Reino Unido.

Chris Huhne, portavoz del partido Liberal Demócrata considera que “hay que tener cuidado para encontrar el equilibrio entre los poderes para investigar y el derecho a la privacidad”.

Otro de los críticos es el grupo NO2ID (‘No al documento de identidad’). Su secretario general, Guy Herbert, opina que “oficiales de decenas de departamentos y organismos podrían saber qué lees, quiénes son tus amigos, a quién le mandas un correo, cuando y dónde estabas cuando lo hiciste. Todo sin garantía”.

El debate acerca de si son las compañías de telecomunicaciones quienes han de controlar la información de los usuarios sin orden judicial previa se extiende por toda Europa.

Fuente: bbc.co.uk

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